El distrito se suma a la huelga indefinida de las escuelas infantiles de 0 a 3 años

Todas las claves de la ruptura entre las educadoras y la Administración

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid mantienen su huelga indefinida. Desde el pasado 7 de abril, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) tiñe las calles de amarillo para denunciar la precariedad de este sector, feminizado en un 97%, y reclamar una mejora urgente de las condiciones laborales que permita "garantizar una educación pública, universal y de calidad".

El conflicto estalló a raíz de la negociación del convenio colectivo, cuando los sindicatos mayoritarios aceptaron tablas salariales con un aumento de apenas 16 euros. El detonante final fue la nueva Ley Educativa, "al ver que nos excluía y que sólo contemplaba la gratuidad para las familias”, lo que hizo que se unieran todas independientemente del modelo de gestión, explica Rosa Marín, educadora infantil y portavoz de PLEI

B.H., una educadora veterana de la Escuela Infantil Los Ángeles, describe una realidad marcada por "una economía de subsistencia". Su centro, un edificio de 84 años, sobrevive con presupuestos que obligan a priorizar gastos básicos. "La Comunidad te da un dinero que tienes que repartir en partidas. La alimentación y el gasoil se llevan la mayor parte; tener dinero para hacer algo más es impensable", relata esta educadora infantil sobre las dificultades de mantener una infraestructura que no se remodela desde hace 43 años.

Esto se traduce en tener que "hacer malabares" diarios: desde suprimir la fruta de media mañana para ahorrar, hasta trabajar en un edificio mal climatizado donde, según explica, hay aulas en las que "te mueres de frío" y otras donde hace un calor "tremendo". En julio, la situación es crítica: sin aire acondicionado, las aulas se convierten en "un horno" donde el calor se combate con pingüinos portátiles que disparan la humedad en el aula.

B.H. asegura que la falta de inversión afecta incluso a la seguridad física, como una terraza con losetas de goma combadas, que impide que los niños de un año salgan a jugar por riesgo de tropiezos. "Nos faltan estructuras de juego, material didáctico y material de patio. Además, hay puertas muy antiguas que no tienen ni ventanita para ver el interior", detalla. “Necesitamos que se actualice y aumente el presupuesto que tenemos porque es de subsistencia, y que nos renueven y mantengan los espacios exteriores e interiores del centro adecuadamente”.

Bajada de ratio  y pareja educativa

Otra de las exigencias de las educadoras infantiles, independientemente de la gestión del centro, es la bajada de ratios para garantizar la seguridad en el aula. Actualmente, Madrid se rige por una normativa que las trabajadoras tachan de "obsoleta" y que permite cifras que duplican las recomendaciones de la Unión Europea. Mientras que la Comisión Europea establece la necesidad de una profesional por cada 4 bebés, una por cada 6 criaturas de uno a dos años y una por cada 8 de entre dos y tres años, en Madrid los límites son: 8 bebés, 14 niños de 1-2 años y hasta 20 de 2-3 años.

Igualmente, luchan por conseguir la pareja educativa, es decir, dos educadoras por aula. “Necesitamos ser más manos y más ojos para ofrecer la atención individualizada que requiere la primera infancia”, añade la portavoz. B.H. específica que exigen una "pareja educativa de verdad" y que se cubran de forma rápida las bajas y vacantes para evitar el desgaste, así como un refuerzo de los equipos de atención temprana para niños con necesidades especiales.

“Manuela Carmena instauró la pareja educativa en los centros del Ayuntamiento y en ese caso nosotros estamos mejor, pero veo a mis compañeras de la Comunidad, de gestión indirecta, que son una por aula y con las ratios más elevadas y es imposible educar así”, aclara Marta, educadora desde hace 18 años de la Escuela Infantil Campanilla, también en el distrito.

Mejora del salario

Otro de los puntos clave es acabar con la precariedad económica del sector. Rosa Marín denuncia que el modelo actual les deja con tablas salariales por debajo del SMI y sin reconocimiento de su categoría profesional, personal docente, en el modelo de gestión directa.

“Mi escuela es municipal y la gestiona una empresa de cuatro chicas que se dedican a cuidar, miran por y para los niños, y eso se nota. Estoy muy contenta porque es una escuela en donde se trabaja mejor a nivel emocional y a nivel de jefas, son mi familia, pero tenemos el salario mínimo interprofesional”, cuenta Marta. Esta educadora tiene 42 años, dos hijos pequeños, y gana 1.250 euros mensuales, algo más por los trienios. "Trabajamos con seres humanos en su etapa más vulnerable. No es de recibo que esa responsabilidad se pague al precio más bajo que permite la ley", asevera.

Falta de voluntad política

Rosa Marín insiste en que la solución de la precariedad del sector no depende de las empresas, sino de la voluntad política: "La consejera de la Comunidad ha intentado decir que el conflicto es contra la patronal para confundir, pero no es cierto. Este conflicto va contra la gestión de la Comunidad y del Ayuntamiento. Vamos contra Ayuso y contra Almeida: tienen que sentarse con nosotras para mejorar la inversión y los pliegos de condiciones". Por el momento, el Delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, se reunió con la plataforma y se comprometió a estudiar las reivindicaciones “que estén dentro de sus competencias”.