Tetuán está a punto de convertirse en el nuevo Núcleo Civil de la ciudad de Madrid gracias a un proyecto que reunirá en tres edificios, y un radio de acción de 300 metros, a 97 Juzgados de Primera Instancia de los 103 existentes en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 95% del total.
Esta nueva disposición del partido judicial de Madrid consiste en una reorganización de la jurisdicción Civil por especialidades y proximidad, y además también racionaliza los espacios en otras jurisdicciones. Esta iniciativa incorpora el nuevo edificio Gorbea a los otros dos inmuebles que ya alberga el distrito de Tetuán: el edificio de la calle Poeta Joan Maragall, 66, donde se encuentran 47 Juzgados de Primera Instancia, y el de Francisco Gervás, 10, que cuenta con 18 especializados en Familia.
Así, este nuevo espacio judicial, situado en la calle Rosario Pino, 5, acogerá 38 juzgados. Las obras de acondicionamiento y la instalación del mobiliario han concluido durante los últimos meses del año y tiene previsto entrar en funcionamiento el primer trimestre de 2020. Tal y como detalla el Ayuntamiento, en el mes de febrero de 2020 comenzarán los traslados de los juzgados afectados y las mudanzas se realizarán de manera progresiva para evitar molestias tanto a profesionales como a ciudadanos.
A partir del mes de mayo este edificio incluirá los Juzgados 104 y 105, creados por el Ministerio de Justicia durante el mes de abril de 2019. Los restantes permanecerán en sus actuales ubicaciones, la calle Ventura Rodríguez, 7, donde se encuentran los de tutelas e incapacidades; y la calle Princesa, 3. Este último, especializado en cláusulas suelo recibirá también en los próximos meses la incorporación de su refuerzo, actualmente localizado en Gran Vía, 12.
Un proyecto de futuro
El nuevo núcleo civil termina así el Plan de modernización de infraestructuras de la Justicia, una iniciativa en la que la Comunidad de Madrid ha empleado 23,5 millones de euros este año y ha permitido aumentar la superficie del partido judicial de Madrid en 4.800 metros cuadrados.
Por su parte, la reagrupación de sedes se engloba dentro de una hoja de ruta que tiene en marcha la Comunidad de Madrid hasta 2025. Este proyecto cuenta con una inversión prevista de 90 millones de euros y entre sus objetivos destacan acabar con disfunciones administrativas o suspensiones de juicios por no asistencia de las partes al no poder desplazarse de una punta a otra de la ciudad, reducir gastos de mantenimiento, transporte de documentación; y aumentar la eficacia en los procedimientos y el ahorro para los operadores jurídicos, abogados y procuradores.
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